Durante los próximos nueves meses el gobierno contactará al micro-empresariado que elabora productos “que gozan de una reputación especial” en Chile, para motivarlos a asociarse y registrar sus productos bajo esta herramienta de propiedad intelectual. Informe Exclusivo de AndesOne.com
(Santiago, Diciembre 2011) A septiembre de 2012 el gobierno apuesta a haber incrementado en cinco, al menos, el número de solicitudes de denominaciones de origen.
La denominación de origen (DO) es un tipo de indicador geográfico (IG) dentro del universo de herramientas de propiedad intelectual que son promocionados por el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (INAPI).
Y para motivar el uso de estos instrumentos, partirá por buscar la protección de a los productos agroalimentarios y artesanales “que gozan de una reputación especial” en Chile, apelando al micro-empresariado vinculado a su elaboración.
El “Plan de Promoción y Protección del Producto Chileno” comienza oficialmente en enero de 2012, y con ello un intenso trabajo de campo de nueve meses para convencer al disperso segmento de micro-empresariado dedicado a productos de corte artesanal. Si bien el plan fue anunciado a mediados de 2011, será en los próximos meses que agricultores y artesanos serán contactados por la INAPI y el Ministerio para motivarlos a asociarse y solicitar así en conjunto que se reconozca el origen geográfico de sus productos.
¿Por qué el interés? Por una parte, está la férrea competencia internacional, la cual está empujando a los actores comerciales a valerse de todas las armas posibles para destacarse en esta batalla, con las herramientas de propiedad intelectual otorgando un importante valor agregado. Además que Chile, por su condición de economía emergente, dependencia del comercio internacional y firma de tratados de libre comercio, está sintiéndose obligado cada vez más a encuadrarse con tales directrices. Partiendo por “proteger” sus productos tradicionales.
Por otra, están los atributos prácticos de su uso en cuanto a planificación económica, ya que esta asociación entre productores generaría cohesión y orden en la base productiva artesanal chilena.
Pero a diferencia de la Innovación + Desarrollo tradicionalmente asociada a la propiedad intelectual, el factor de diferenciación aquí es el lugar donde se producen estos bienes.
No obstante, la DO ni la IG acreditan que un producto sea único o irrepetible, o exclusivo a Chile. Muchos de estos son elaborados en otros países que comparten una historia cultural y/o gastronómica con la chilena. Lo que ambas herramientas indican al público consumidor es “que existe un vínculo entre la calidad, reputación u otra característica de un determinado producto y la zona geográfica, cuyo término desea registrarse”, según explican en la INAPI.
Sin embargo, una mezcla de falta de información, demora en el trámite, confusiones legales y falta de voluntad, están limitando la aplicación de estas herramientas en general en nuestro país.
Pros y contras
La idea y el principio de las expresiones geográficas han estado presentes en la agenda chilena hace bastante tiempo, gracias a legislaciones que se anticiparon espontáneamente a la figura que hoy conocemos como propiedad industrial. Es así que el pisco, el pajarete y el vino asoleado recibieron denominación de origen en Chile antes de la ley DO para el vino chileno promulgada en 1995 (18.455) y las modificaciones a la ley de propiedad industrial (19.039) en 2005 que buscaron reconocimiento y protección de las indicaciones geográficas y denominaciones de origen para productos silvo-agropecuarios y agroindustriales en Chile.
Por ende, la promoción y expansión de indicaciones geográficas denominaciones de origen como figuras legales son recientes. Bajo la nueva ley de propiedad industrial, la única IG chilena registrada a la fecha es el limón de pica, y se ha concedido la DO Chulucana a una artesanía propia de Perú
La idea a futuro es que otros productos chilenos completen la lista; los chalecos de la Ligua, los dulces y la chicha de Curacaví, las longanizas de Chillán, y las aceitunas de Azapa, entre otros. Pero a octubre de este año el único producto chileno en trámite es la langosta de Juan Fernández, según información de INAPI.
Pero, hasta qué punto conviene una DO y/o IG? En la INAPI explican que estos instrumentos otorgan una clara ventaja comparativa cuando un producto entra al mercado, fomentan la promoción a nivel nacional, regional e internacional, motivan la organización de un sector productivo y facilitan su identificación.
Igualmente, varias son sus limitaciones: el trámite largo, la asociación industrial requerida por las autoridades, y la chaqueta de fuerza que podrían significar estos sellos de propiedad intelectual a mejoras en los productos.
En este último punto, como explica la abogada de la Universidad Católica Cristina Errázuriz, a AndesOne.com “pueden haber casos en los que los requisitos legales o reglamentarios para obtener una determinada DO pueden ser demasiado estrictos e impedir que la misma se pueda constituir, o bien que un numero de productores no pueda acogerse a ella por su excesiva reglamentación. Es por esto que la constitución de la reglamentación de las DO debe buscar el equilibrio entre la protección que busca otorgar y la posibilidad real de acceder a ella”.
Una duda que surge entre los productores es el impacto que cualquier innovación tenga en el estatus de la DO, incluido el riesgo de perder la indicación. Todo depende del reglamento que la otorgue, aclara Errázuriz: “Puede efectivamente pasar que se pierda la DO por la mejora si incide sobre las condiciones requeridas para obtener la DO. No obstante, un cambio mínimo probablemente no tendría el impacto de hacer perder el derecho al uso de esta indicación pero habría que estar al caso concreto”, precisa.
Otra dificultad es la confusión normativa existente en el país, añade Errázuriz: “La legislación chilena sobre D.O. optó por la coexistencia de denominaciones de origen de distinta fuente normativa: por ley, por tratados internacionales y por registro. Esto genera una confusión normativa que crea conflictos y poca claridad sobre la manera en que se gestionan en la práctica las denominaciones de origen, según su fuente. Además, las D.O. se distinguen de la indicaciones geográficas, y la legislación chilena las confunde en ocasiones”.
El tiempo también juega en contra. Hasta un año puede demorar una solicitud de IG y DO que cumpla con todas las observaciones, disposiciones y requisitos legales. Como reconoce la subdirectora de Marcas, Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen de INAPI, Carolina Belmar, “los plazos son largos y existe una lenta tramitación. Sin embargo, la idea es hacerlo más expedito”.
Nota aparte merece el intento de las autoridades de lograr que sean asociaciones de productores, y no tanto un productor particular, las que soliciten estos indicadores. Este esfuerzo por organizar la base productiva artesanal chilena puede verse entorpecido por la dificultad transversal que existe para emprender en Chile, advierte el abogado de Alessandri & Compañía y delegado nacional de la Asociación Interamericana de Propiedad Intelectual (ASIPI). “Así como la gente no sabe que tiene que puede hacer una sociedad anónima o que hay regímenes tributarios especiales para pequeños artesanos que la gente desconoce que existen. Ahí hay una labor de transmisión del poder público al ciudadano que es mucho más transversal”, sostiene.
Y si bien la unificación de los productores podría facilitar y potenciar este tipo de productos, su beneficio sería colectivo y no exclusivo a quien solicita estas indicaciones. En INAPI reconocen que este beneficio generalizado podría generar resquemores entre algunos productores, por mucho que su duración sea indefinida. “Tiene que haber una voluntad de acuerdo común, lo que está resultando en una limitación porque el beneficio al final irá a la totalidad de los productores de esa zona geográfica, y a algunos les molesta eso”, admite Belmar de INAPI. AO
